Los pueblos originarios de la amazonía peruana se han declarado en movilización permanente con el fin de derogar una serie de decretos legislativos que vulneran sus derechos en la posesión de sus territorios y de su vida. Estos decretos, promulgados por el presidente Alan García en el marco de la implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, promueven la inversión privada en territorios indígenas e instigan a la parcelación de la propiedad comunal. De este modo, las normas en cuestión violan el derecho a la consulta previa y participación por parte de los pueblos amazónicos, reglamentado por el artículo 169 de la OIT e incluido en los artículos 6 y 7 de la actual constitución peruana.La amazonía peruana tiene concesionado el 72% de su territorio para exploración y explotación de hidrocarburos, actividad que conlleva una alta degradación del medio ambiente. Según un informe elaborado por el Ministerio de Salud en el 2006, el 98% de los menores pertenecientes a las más de 50 comunidades originarias de la zona, sobrepasan los límites de cadmio en sangre.
“Rechazamos el supuesto desarrollo que trae la entrada de las empresas transnacionales en nuestras comunidades. Nosotros, los pueblos amazónicos del Perú, no necesitamos ese tiempo de desarrollo, necesitamos el desarrollo de acuerdo a nuestras cosmovisiones, de acuerdo a nuestros conocimientos que nos heredaron nuestros ancianas y ancianos”, dijo Rosilda, habitante originaria de la selva peruana, en la inauguración de la Cuarta Cumbre Continental de las Nacionalidades y los Pueblos Indígenas del Abya Yala.
La movilización de miles de amazónicos en varios departamentos del país, superó ya los 50 días y promete radicalizarse durante esta primera quincena de junio.
Resistencias y ofensivas contra el capitalismo
Campesinos e Indígenas, luchas y potencialidades en América latina
27/10/2008.- La crisis alimentaria, el modelo extractivo y de desposesión de bienes naturales en la región, contrasta con la cada vez más firme presencia de movimientos sociales campesinos e indígenas. La irrupción neozapatista a mediados de los `90 en México y la construcción del MST en Brasil, reavivaron en clave antineoliberal potencialidades identitarias.
Los movimientos sociales en Bolivia, Ecuador - donde influyeron profundamente en la llegada de Morales y Correa al poder - Venezuela y Chile, las recientes alzas de lucha en Paraguay y Colombia. Los gobiernos - sean neodesarrolistas, neoliberales, o de horizonte socialista – difieren entre sí, entre otros aspectos mencionables, por la relación establecida desde el estado con las organizaciones indígenas y campesinas y el nivel de enfrentamiento o no de sus politicas con las clases dominantes locales, fundidas en complejos agroindustriales especulativos.
La actual crisis financiera global es transmitida con algo de verdad como la debacle del sistema especulativo financiero. El emblocamiento de los "fondos de inversión" con sectores industriales y agrarios que produjo por ejemplo, el cabalgante aumento de las materias primas durante el último lustro, es la otra parte del cuento. 880 millones de personas en el mundo tienen serias dificultades de acceso a la alimentación. En sudamerica, los gobiernos aplican el modelo extractivo de los bienes naturales casi sin excepción y se diferencian respecto de políticas sociales más o menos benévolas. En un caso y otro, no alcanza. Sin un cambio radical en las lógicas de producción, el "capitalismo humano" es pan para hoy - y solo algunas veces -; hambre para mañana en la proyección. Con la tierra, es decir los alimentos, y los basamentos del sistema productivo puestos en debate, Latinoamérica da noticias de gran vitalidad en sus organizaciones de raíz campesina originaria.
Solo en la última semana medio millón de Bolivianos – en su gran mayoría indígena y campesina – cruzaron a pie el país andino para exigir al parlamento la convocatoria a referendo sobre la nueva Constitución, que estiman como un avance de su propia agenda. En la nueva carta se prohíbe el latifundio por ser "contrarios al interés colectivo y al desarrollo del país". El texto explica que latifundio es "tenencia improductiva de la tierra, la tierra que no cumpla la función económica social, la explotación de la tierra que aplica un sistema de servidumbre, semiesclavitud o esclavitud en la relación laboral o la propiedad que sobrepasa la superficie máxima zonificada establecida en la ley". Entre 5 y 10 mil hectáreas será ese límite.
Por su parte en la siempre agitada Colombia, 20 mil indígenas pusieron en pie la mayor oposición a las políticas neoliberales imperialistas de Álvaro Uribe, a ellos se sumaron trabajadores cañeros y judiciales. La represión del gobierno aumentó la legitimidad alcanzada por las organizaciones convocadas en la Minga Nacional de los Pueblos Indígena, que puso en acento en la oposición al Tratado de Libre Comercio con EEUU y países de Europa. Basado en su fortaleza, el gobierno más militarizado y fascista de la región no parece ser un hueso fácil de roer para los sectores populares del país cafetero. Aun así, las experiencias de Bolivia y Ecuador se recortan esperanzadoras en el horizonte colombiano.
La pasada semana en Paraguay, los campesinos iniciaron ocupaciones de tierras cedidas a empresarios brasileros exigiendo, aún con relaciones de fuerza desfavorables, avances en términos de reforma agraria, marcando a fuego la contradicciones de gobiernos de signo progresista que apañan o al menos no evitan, la profundización del modelo sojero y de agronegocios. La primer reacción del gobierno de Fernando Lugo fue defender la "propiedad privada" de los empresarios brasileños, para cuidar la alianza que lo llevó al poder, en la que hay partidos contrarios a avanzar siquiera en un reparto minimamente más justo de las tierras.
Nada dijo al respecto Lula. La oligarquía brasilera gobierna "en las sombras" manejando el poder político y judicial, una franja del Paraguay. El gobierno del PT está lejos de avanzar contra los intereses de las clases dominates locales y su virtud, como la de muchos gobiernos regionales, es que emparcha más ampliamente las consecuencias de el alza en los niveles de ganancias. Marcando tendencias con juego propio, un día después de que los gobiernos, haciéndose eco de las luchas antineoliberales rechazaran el ALCA en la Cumbre de las Américas, el presidente Lula firmó con George Bush un tratado para la producción de Etanol, del plan hambre cero a usar los alimentos para producir combustibles para las 4x4 norteamericanas. Mientras sigue abriendo desafíos revolucionarios a cada paso, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) sigue denunciando el saqueo y los nulos avances en términos de reforma agraria del gobierno del PT.
Curiosamente en Argentina las políticas agrarias aplicadas por el matrimonio Kirchner desde 2003, revitalizaron no ya a movimientos campesinos o indígenas sino a la históricamente oligárquica y golpista Sociedad Rural, que en alianza con los grupos financieros se lleva la parte del león de los negocios cerealeros, sobre todo a través de los pools de siembra. Fueron esos sectores basados en el poder acumulado los que motorizaron las protestas contra las retenciones móviles a las ganancias extraordinarias, proceso que permitió la aparición de una derecha política institucional. Ni el gobierno no las patronales agrarias pusieron en debate cambios radicales respecto de las políticas agropecuarias, solo se disputó el destino de la renta. Las organizaciones campesinas sin tierra, en Santiago del Estero (MOCASE) y Mendoza (UST) y Formosa (MOCAFOR) denunciaron esta semana persecuciones y detenciones. En Santiago, el mocase vía campesina instaló una "carpa negra" para exigir la libertad de dos de sus integrantes, presos hace 40 días.
Mientras la Vía Campesina volvió a plantear la cuestión de la soberanía alimentaría con protestas coordinadas en numerosos países, con epicentro en 8 estados brasileños y Buenos Aires, en Chile, las comunidades mapuches son fuertemente perseguidas, pero crecen en organización. En Venezuela el Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora, junto a la Coordinadora Simón Bolívar suelen ser voces lúcidamente críticas de apoyo al chavismo. Las posibilidades de avance o retroceso del gobierno ecuatoriano están seriamente relacionadas con el acompañamiento activo o la oposición de los movimientos campesinos e indígenas.
La potencialidades emancipadoras de los movimientos campesinos e índigenas de sudamerica tienen que ver en principio con las propias de la región. Mientras ponen luz sobre el pilar del actual modelo capitalista, sus reivindicaciones tienen la fortaleza de aunar aspectos económicos con tradiciones y modos de organización a contrapelo de la cultura dominante. En la medida en que sus luchas y proyectos se amalgaman y sintetizan con movimientos y expresiones organizadas de las ciudades, la fortaleza política parece ser, a la luz de las últimas experiencias, mucho mayor.
Fuente: La Haine
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